Eficiencia Energética se incorpora como criterio cualitativo en licitación pública
Eficiencia Energética se incorpora como criterio cualitativo en licitación pública
La Eficiencia Energética, concepto del uso eficiente de la energía, y que tiene como objetivo la reducción del consumo de energía, optimizando los procesos productivos y el empleo de la misma o menos energía para producir más bienes y servicios. Se ha incorporado como criterio cualitativo que el órgano de contratación puede establecer para adjudicar una licitación pública.

Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sustentabilidad económica, política y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. El consumo de la energía está directamente relacionado con la situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una aproximación global que permita el diseño de políticas de eficiencia energética. A partir de 2008 la ralentización del crecimiento económico significó una reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el efecto medioambiental de la generación de energía eléctrica, buscando la generación a partir de energías renovables y una mayor eficiencia en la producción y el consumo, que también se denomina ahorro de energía.
En el año 2014 la UE puso las bases con la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. Posteriormente fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual ha entrado en vigor el pasado 9 de marzo de 2018.

¿Qué establece el artículo 145?
El artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público incorporó una novedad importante. Por primera vez, incluyó las características medioambientales entre los criterios cualitativos de adjudicación.
Según este artículo, estos criterios pueden referirse a los siguientes aspectos:
- La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- La aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética.
- El uso de energías procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.
- El mantenimiento o la mejora de los recursos naturales afectados por el contrato.
Por tanto, los criterios medioambientales pueden influir en la valoración y adjudicación de una licitación pública.
Más transparencia y menos burocracia
En primer lugar, la nueva ley busca aumentar la transparencia en la contratación pública.
Además, pretende reducir la carga burocrática mediante la simplificación de los trámites. Para conseguirlo, fomenta el uso de medios electrónicos.
De este modo, las pequeñas y medianas empresas pueden acceder con más facilidad a las licitaciones. Asimismo, la digitalización permite reducir los plazos de adjudicación.
Mayor control de las ofertas económicas
Por otra parte, la ley establece un mayor control sobre las ofertas anormalmente bajas.
Estas propuestas pueden rechazarse cuando incumplan las obligaciones medioambientales, sociales o laborales. Así, se evita que el precio sea el único elemento determinante de la adjudicación.
Una mejor relación entre calidad y precio
En segundo lugar, la Ley 9/2017 busca conseguir una mejor relación entre calidad y precio.
Este objetivo ha permitido incorporar criterios cualitativos, sociales, medioambientales e innovadores. Sin embargo, estos aspectos deben estar relacionados con el objeto del contrato.
Gracias a este cambio, la eficiencia energética puede formar parte de los criterios utilizados para adjudicar contratos públicos.

Más información
En los siguientes enlaces puede consultar más información sobre la Ley de Contratos del Sector Público:
https://www.eseficiencia.es/biblioteca/ley-contratos-sector-publico
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf






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