Directiva europea sobre energías renovables
Durante el mes de junio, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la Directiva de Energías Renovables.
El acuerdo fijó un objetivo vinculante del 32 % de energías renovables para 2030. Además, incorporó una cláusula para revisarlo al alza en 2023.
Asimismo, la Directiva prohibió el impuesto al sol. Todas estas medidas formaban parte de la transición europea hacia una economía baja en carbono.
Diferencias entre los Estados miembros
El principal punto de conflicto fue el nivel de ambición de la cuota de energías limpias. Los países miembros mantenían distintas posiciones sobre el objetivo que debía alcanzarse.
Por un lado, el Parlamento Europeo defendía una cuota del 35 %. Por otro, la posición oficial de los Estados miembros se situaba en el 27 %.
Sin embargo, algunos países mostraban una mayor ambición y apoyaban la posición de los eurodiputados. España era uno de ellos.
Finalmente, el nuevo objetivo del 32 % representó un punto intermedio entre ambas propuestas.
Una victoria para la transición energética
El comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, valoró positivamente el acuerdo:
«Este acuerdo supone una victoria trabajada intensamente. Permitirá desbloquear el verdadero potencial de la transición europea hacia una energía limpia.
Además, esta nueva ambición ayudará a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. También generará más empleo y reducirá las facturas energéticas. Por último, permitirá disminuir las importaciones de energía».
El acuerdo llegó pocos días después de las declaraciones de los nuevos ministros de Energía de España e Italia. Ambos habían expresado su voluntad de elevar los objetivos.
La delegación española estaba encabezada por Teresa Ribera, nueva ministra para la Transición Ecológica. Concretamente, España defendía un objetivo de energías renovables del 34 %.
Prohibido el impuesto al sol hasta 2026
Uno de los aspectos más importantes de la Directiva fue el reconocimiento del derecho al autoconsumo.
La norma reconocía el derecho de los ciudadanos a generar, almacenar y vender el exceso de electricidad. También permitía instalar y gestionar sistemas de almacenamiento.
Además, los auto consumidores podían recibir una remuneración por la energía excedentaria vertida a la red.
El balance neto de la energía
Algunas regulaciones europeas ya aplicaban el sistema de balance neto. Este mecanismo permitía descontar de la factura la electricidad vertida a la red.
En cambio, la legislación española obligaba a los autoconsumidores a ceder sus excedentes al sistema. Esto ocurría cuando la electricidad no se consumía inmediatamente ni podía almacenarse en una batería.
Eliminación de las barreras al autoconsumo
La Directiva también contemplaba la eliminación de barreras como el conocido impuesto al sol. Esta medida había generado una gran controversia en España.
No obstante, su prohibición solo se extendía hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, podrían aplicarse restricciones en situaciones muy concretas.
Para introducirlas, sería necesario un informe de un organismo regulador. Este documento tendría que confirmar que el autoconsumo había superado el 8 % de la capacidad instalada.
En España, esto supondría alcanzar entre 8.000 y 10.000 MW de autoconsumo. En aquel momento, se consideraba un objetivo difícil de conseguir.
En cualquier caso, los proyectos con una potencia inferior a 25 kW no podrían ser penalizados.
Valoración de UNEF
Tras el acuerdo, diferentes asociaciones de energías renovables expresaron su opinión.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) mostró su satisfacción con la nueva Directiva. Asimismo, se mostró esperanzada ante la revisión prevista para 2023.
UNEF esperaba que esta revisión permitiera aumentar los objetivos europeos. De este modo, Europa podría seguir impulsando la descarbonización y avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París.
Más seguridad jurídica para el sector
La Directiva establecía los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad. Estos principios eran esenciales para crear un marco estable para las inversiones.
Además, el texto prohibía la aplicación de recortes retroactivos. En años anteriores, estas medidas habían provocado la paralización del sector fotovoltaico español.
Por tanto, este cambio suponía un avance en la normalización del sector. También representaba un reconocimiento de su importancia en la transición energética.
Beneficios para los autoconsumidores
UNEF consideraba una victoria el reconocimiento del derecho a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026.
Por una parte, el autoconsumo permitía conseguir un ahorro importante en la factura eléctrica. Por otra, ayudaba a reducir las emisiones y combatir el cambio climático.
¿Qué sucedería a partir de 2027?
A partir de 2027, los Estados miembros podrían revisar la exención de los peajes. Sin embargo, tendrían que demostrar su impacto negativo en el sistema eléctrico.
Esta demostración debería basarse en un análisis de costes y beneficios.
Además, la posible revisión no afectaría a las instalaciones con una potencia inferior a 25 kW. Estas continuarían exentas del peaje de respaldo.
Por consiguiente, esta protección permitiría establecer una senda de crecimiento sostenido para el autoconsumo.
El autoconsumo como motor económico
UNEF confiaba en que el desarrollo del autoconsumo redujera el coste de la energía. Asimismo, esperaba que contribuyera a generar empleo y riqueza.
La reducción progresiva del coste de la tecnología fotovoltaica facilitaría este crecimiento.
Por ello, la asociación animaba al Gobierno a continuar apoyando al sector. La energía fotovoltaica debía convertirse en un motor de la economía y de la transición energética.
